Acciones de lawfare en América Latina

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En incendios de la Sierra Norte, apatía de gobiernos municipales

Sergio Anzaldo Baeza, consultor y profesor de cultura y comunicación política de la UNAM, además de colaborador de MVS Noticias, abordó recientemente el asunto de lawfare en América Latina y lo relacionó con la denuncia pública de Manuel Bartlett y el caso de la Comisión federal de Seguridad (CFE) en México.

Anzaldo Baez expresó lo siguiente:

-El vocablo lawfare es una contracción gramatical de las palabras inglesas law, ley y wafare, guerra que alude al fenómeno de golpe de estado blando.

-El lawfare es un concepto relativamente nuevo que sirve para describir la utilización abusiva o ilegal de instancias judiciales y la manipulación de las redes sociales y de los medios de comunicación para inhabilitar o promover el repudio popular de un oponente o de una causa específica que se está combatiendo.

-En su libro sobre estrategia militar publicado en 1999, Unrestricted Warfare, los escritores chinos Qiao Liang y Wang Xiansui precisan que en esta guerra mediática los medios de comunicación sirven como órganos de propaganda con el fin de generar una gran presión pública contra una persona, un grupo o una causa considerada como enemiga.

-Su meta es debilitar la moral del enemigo y originar un apoyo popular para sustituir por la vía jurídica a quien ganó en las urnas.

-En Latinoamérica el lawfare es particularmente grave. La recurrencia de este fenómeno motivó a un grupo de investigadores agrupados en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica a constituir en 2021 el Observatorio de Lawfare CELAG, a fin de monitorear y analizar esta nueva modalidad de la batalla política por el poder público en un régimen democrático.

-Sus motivos no son pocos ni menores: Al golpe militar de 1964 en Brasil le siguió el procedimiento judicial contra Lula da Silva y la destitución de Dilma Rousseff en agosto de 2016, aunque en el 2022 el Ministerio Público Federal de Brasil concluyó que no había delito que perseguir.

-Al golpe militar de Argentina de 1973, promovido por el finado Henry Kissinger, le siguió la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner; al golpe de Paraguay de 1954 le siguió la destitución de Fernando Lugo en 2012; al golpe en el Perú en 1975 le siguió la destitución de Pedro Castillo en 2022; al golpe militar en Bolivia en 1971 le siguió la destitución de Evo Morales en 2019.

-Primero fueron militares, ahora son jueces y medios de comunicación quienes derrocan a gobiernos electos por la vía democrática.

-Como se puede apreciar, una peculiaridad del lawfare es que, por lo menos en América Latina, se utiliza contra gobiernos de izquierda electos democráticamente, igual que en el pasado sucedía con los golpes militares.

-En países con tanta desigualdad como los latinoamericanos, el poder judicial se orienta a conservar privilegios y ventajas de una minoría frente a demandas de mayorías, incluso si éstas han logrado ganar el poder ejecutivo en las urnas.

-Por ello, el observatorio de la CELAG define al lawfare como “una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública”. Este grupo de investigadores precisa el modelo general de operación del lawfare: “Esta guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida equilibrio entre poderes habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley.

-El lawfare proporciona un marco teórico para dimensionar la actual disputa en México entre el poder ejecutivo y el poder judicial, independientemente de las personalidades involucradas y de los gritos y sombrerazos ventilados en los medios de comunicación.

-Más allá de las finezas jurídicas, esta disputa representa una batalla sin cuartel sobre el papel del estado. Por un lado, el poder ejecutivo impulsa una agenda que convierta al Estado en un agente activo y responsable del bienestar social y por otro, el poder judicial se afana en detener esa agenda transformadora para mantener las reformas privatizadoras de ciertos sectores de la economía que impulsaron los gobiernos anteriores, particularmente el de Peña Nieto.

-Parafraseando al padrino, esta disputa no es personal, solo son negocios. Un caso reciente protagonizado por Manuel Bartlett, Director de la CFE, ilustra con claridad y ejemplifica la modalidad de lawfare en el que estamos inmersos en México, como se publicó en la anterior columna.

Hasta aquí, lo que escribió Anzaldo Baeza.

Incendios en la Sierra Norte

El director de la Gaceta de la Sierra Norte, el Periodista Carlos Castelán, informa sobre los incendios en aquella zona del estado y señala que es urgente crear una institución intermunicipal de Ecología.

Comenta que su vida periodística de más de 50 años, no se había visto y vivido la serie de incendios forestales como los de las últimas semanas.

Son prácticamente incontrolables y los esfuerzos oficiales tienen mínima efectividad para combatirlos. Michuca, Tlalcoyunga, Necaxaltépel, la Cuenca de Totolapa, Cuacuila, Papatlazolco, San Miguel, La Palpa y una decena más de lugares de municipios serranos acabaron con millares de árboles, fauna y flora local que pone en grave riesgo el medio ambiente regional.

Muchos ríos se han secado, hay grave contaminación, se ha perdido fauna, están ausentes las grandes parvadas y comenta Castelán que el Área Protegida de la Cuenca Hidrográfica Río Necaxa hoy día las nuevas generaciones no la conocen.

Hay dos factores principales: la apatía social y la ineptitud de gobiernos municipales. Urge hacer realidad la propuesta quien fuera candidato a Diputado Federal por Huauchinango César Benavidez Manzano, para que se integre desde los ayuntamientos de esta comarca una Comisión Intermunicipal de Protección Ecológica.

Debe integrarse por expertos para remediar el grave daño que en siete décadas hemos hecho a los bosques, a los ríos, a la fauna, además de castigar con severidad los delitos ambientales. Las autoridades, finaliza Castelán, tienen la palabra.

En fin, como escribió Manuel Acuña (México, 1849-1873), en su poema Cinco de Mayo:

Sin ver que en lid tan sangrienta

tu brazo era más pequeño,

la lid encarnó en su empeño

la redención de tu afrenta,

brotó en luz amarillenta

la llama de sus cañones,

y el mundo vio a tus legiones

entrando al combate rudo,

llevando por solo escudo

su escudo de corazones.

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